En el nuevo debate abierto por las condiciones de comercialización de los fármacos, la Cámara de Innovación Farmacéutica argumenta que está plenamente disponible el mecanismo de intermediación de la Cenabast.

Las conclusiones del informe entregado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC)  en el marco del procedimiento no contencioso realizado por Socofar -matriz de la cadena  Cruz Verde- sobre la que califica como trato diferenciado en las condiciones de venta de hecha por laboratorios entre compradores del sector público y privado, así como su ajuste a la regulación existente, desató nuevamente la polémica sobre el mercado de medicamentos. La constatación por parte de la FNE de que los fabricantes venden sus productos a  las grandes cadenas en valores un 89% más caros que a las entidades públicas, tuvo repercusiones a nivel de gobierno con pronunciamientos de la Ministra de Salud, María Begoña Yarza, del subsecretario Cristóbal Cuadrado y del propio Presidente de la República, Gabriel Boric, quien afirmó que “como Estado no nos vamos a quedar de brazos cruzados frente a algo tan importante”.

En este nuevo episodio del debate sobre los precios de los medicamentos con emplazamientos de autoridades y otros actores de la cadena,  la Cámara de Innovación Farmacéutica (CIF) salió al paso apuntando al fondo de los puntos esgrimidos desde las cadenas que venden al público. “Los mercados público y privado son diferentes, tiene características distintas de fondo y forma y operan en forma diferente, no son dos canales de un mismo mercado lo cual no existe ni en Chile ni en ningún país desarrollado”, sostiene la vicepresidenta ejecutiva de la CIF, Mariela Formas, desde lo cual afirma que basar el análisis del mercado sobre ese argumento “es totalmente erróneo”. Aclara que mientras las adquisiciones de las farmacias operan en un mercado de compra spot privado que no tiene la escala que genera el mercado público, recuerda que este último “tiene características totalmente distintas, ya que funciona con mecanismos de compra a través de licitaciones y que tienen la capacidad de generar contratos a largo plazo que también tienen la atribución de bajar los precios”. Agrega que en Chile, así como en diversos países del mundo, el Estado compra a precios más baratos justamente porque tiene la capacidad de comprar a largo plazo y agrupar toda la demanda del sector público.

Asimismo, la vicepresidencia ejecutiva de la CIF entra  la coyuntura de la información que la FNE entregó en el proceso ante el TDLC, asunto respecto del cual sostiene que es necesario aclarar el estudio al cual se ha hecho alusión en el actual debate “viene del año 2019, con data de 2018, en circunstancias de que el informe que está presentando hoy la Fiscalía en el marco de la consulta no contenciosa de Socofar tiene otros números y datos; por lo tanto, sacar conclusiones de un informe anterior que no tenía el foco de respecto de la consulta contenciosa no es adecuado”.  

Junto a estas precisiones, Mariela Formas contrataca subrayando que actualmente las cadenas de farmacias no están impedidas de comprar medicamentos a los precios ofrecidos al sistema público, sino al contrario, ya que están habilitadas para realizar adquisiciones a la Central Nacional de Abastecimiento del sistema de Salud (Cenabast) a partir de ley aprobada en 2020, normativa que comenzó a implementarse para las farmacias independiente pero que actualmente está disponible para todos los actores de esa industria. “Todas las farmacias y almacenes farmacéuticos tienen la posibilidad de adherir a la intermediación de Cenabast para poder acceder a los mismos precios del sector público. Entonces no se entiende cuál es la polémica cuando todas las farmacias, si quieren comprar barato y vender barato, hoy día lo pueden hacer”, señala la vicepresidencia ejecutiva de la CIF. Recuerda que hace dos años -“dadas las bajas coberturas que existen en respecto a los medicamentos”, la autoridad estableció una herramienta que permite al sector privado “acceder a los precios del Estado con la contrapartida de una fijación de margen para poder asegurar que ese beneficio llegue a las personas”. Por ello, enfatizó  que “resulta sorprendente que se pretenda que reciban los beneficios propios del sector público sin el mecanismo (fijación máxima de venta) que asegura que las personas tengan real acceso a dichos medicamentos”.

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