En el marco del Día Mundial de la Salud que cada año se conmemora el 7 de abril, la vicepresidenta ejecutiva de CIF Chile, Mariela Formas, planteó en esta columna una modificación al sistema de salud que se sustenta en dos ejes principales y que tiene como objetivo lograr una salud transversal, oportuna y de calidad en nuestro país.

La conmemoración durante el mes de abril del Día Mundial de la Salud convoca inevitablemente al análisis de “cómo andamos por casa”. Este hito surge con motivo de la fundación de la Organización Mundial de la Salud en 1948, luego de la II Guerra Mundial, con la misión de alcanzar “el grado más alto posible de salud para todos los pueblos”. Por consiguiente, ¿cuál es ese grado más alto posible en el caso de Chile? Hace años este debate se hubiese catalogado como utópico, pero, actualmente, hay dos factores que sostienen y empujan a que sea cada vez más factible: por un lado, la pandemia, que ha revolucionado la forma de relacionamiento y avances en la materia, y por otro, la discusión hacia una nueva Constitución para Chile.

Desde la CIF (asociación gremial que reúne a 23 compañías farmacéuticas de innovación con presencia en Chile) hemos empujado que el debate tome forma y fondo, siendo partícipes activos y respondiendo a nuestro ADN que es hacer que las cosas pasen para lograr una salud transversal, oportuna y de calidad.

En este marco parece prioritario insistir en dos puntos fundamentales. El primero, la importancia de establecer la garantía al Derecho a la Salud en la Constitución. Y segundo, la urgencia de nuevos sistemas de cobertura que permitan un mejor acceso y tratamientos de calidad para todos. Así lo decretan los propios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en específico el de Salud y Bienestar (nº 3) que declara entre sus metas “lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos”.

De esta forma, resulta fundamental contar con un sistema de cobertura que incluya los medicamentos en seguros -públicos o privados- y con una adecuada regulación. Actualmente en Chile, un 80% del gasto en medicamentos es financiado con gasto de bolsillo, mientras que en países OECD es la mitad. Los mayores gastos individuales en nuestro país no están asociados a precios de compra más altos de medicamentos en comparación a otros países de la región, sino al bajo porcentaje de cobertura de los medicamentos en el sistema de salud. Sin ir más lejos, el GES cubre 85 patologías o problemas de salud y la Ley Ricarte Soto sólo considera 27.

En este contexto crítico, los esfuerzos que realiza la industria farmacéutica de innovación, que en Chile invierte anualmente más de US$70 millones en investigación y desarrollo, no tienen sentido si no llegan oportunamente a la totalidad de personas que lo requieren. Lo mismo sucede con el trabajo del gremio médico, el desarrollo tecnológico, la generación de políticas educativas, de prevención, etc. Si no se permea de manera efectiva a la población, el resultado de la inversión y de tantos años de trabajo, se subutiliza, en el marco de la urgencia de mejorar las condiciones de vida de toda la sociedad.

Estamos en un escenario idóneo para llegar a acuerdos con el fin de garantizar la salud como un derecho, a partir de la construcción de un modelo que permita el anhelado acceso universal. Tenemos que actuar ya, cambiar la mirada y dejar de ver la salud como un costo en la gestión sino como un derecho -el que está vinculado a muchos aspectos la vida de las personas- y una inversión que generará importantes beneficios sociales y económicos para el país.