“Si crees que la economía es más importante que el medioambiente, intenta aguantar la respiración mientras cuentas tu dinero”. La frase acuñada por Janez Potocnik, ex comisario europeo para la Ciencia, la Investigación y el Medioambiente, lejos de ser puro altruismo, nos habla de la mirada integral del rol de la industria en la sociedad.
La generación del bien común ha sido una tarea históricamente asociada al papel del Estado. Por eso se asoma en los debates cada vez que intentamos definir la pretensión normativa de la maquinaria estatal. Pero ¿juega un rol el sector privado en la creación del bien común? ¿Y dónde quedan los gremios en ese proceso? Ante la construcción de nuevos consensos normativos que supone el debate constitucional, cabe y se vuelve necesario formular esas preguntas.
La sociedad que ha emergido de las últimas décadas espera que las empresas, además de producir bienes y servicios, aporten decididamente al bien común en una variedad de dimensiones. En ese marco, los gremios empresariales, concebidos hasta hace poco como “la voz de la industria” que defiende activamente los intereses de un sector particular, han debido ampliar esa mirada para comprenderse como instancias de cooperación entre sus asociados, pero también entre el sector público y privado. Su papel, así redefinido, es transformarse en un ente capaz de guiar a sus miembros en torno a diversas iniciativas de interés común, entre ellas la creación, seguimiento y control de altos estándares de ética y transparencia, necesarios para la legitimidad y apertura de la articulación público-privada. En definitiva, el gremio se ha vuelto ante todo un puente que tiende lazos y abre sendas para la sustentabilidad de la industria, donde es esencial la construcción conjunta del bien común.
Ejemplo de esto es la “Ley REP” impulsada por el Comité Pro Reciclaje que funcionó al alero de la Sofofa, donde participaron múltiples actores, incluidos los propios regulados, y que ha permitido elevar los estándares para toda la industria, fomentando la innovación y desarrollo de mercados en torno a la sustentabilidad.
Superar la idea de que el Estado es el único impulsor del bien común es el próximo desafío que debemos encarar desde el papel gremial. Debemos comprender que, así como se demandan nuevas formas de organización del Estado, también debemos exigirnos a nosotros mismos nuevas formas de relacionarnos, que nos reten a cumplir nuevas funciones en el marco de un nuevo consenso social.
Tenemos una tremenda oportunidad, como organizaciones gremiales, de generar un aporte sustantivo al desarrollo del sector privado en sintonía con los cambios que demanda el Chile actual. Cabe suponer que, mientras antes tomemos la iniciativa, más fructíferos serán esos esfuerzos.
Lee la nota de El Mercurio aquí:
https://digital.elmercurio.com/2022/02/24/B/FD432KAQ#zoom=page-width